¿Qué es una acción de cesación?

Es un procedimiento encaminado a obligar a un individuo (en general será un vendedor) a poner fin a un comportamiento que atente contra la protección de los consumidores o que este prohibido por la ley. Esta acción es un procedimiento que se realiza ante los tribunales de justicia.

Su objetivo es neutralizar a las empresas que desarrollan actividades ilícitas y que por lo tanto atentan a los intereses colectivos de los consumidores.

La acción de cesación va encaminada a ordenar el cese o prohibir, cualquier conducta o comportamiento contrario a la ley; adoptar las mediadas necesarias para eliminar los efectos de la infracción; y multar a quien haya infringido si no ejecuta la decisión. La acción de cesación se puede solicitar en materia de: publicidad engañosa, crédito al consumo, cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, venta a distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados.

Por ejemplo: se puede accionar la acción de cesación contra una empresa que realiza publicidad engañosa. El objetivo de la acción será que se retire del mercado esa publicidad.

A nivel europeo, las entidades que pueden iniciar una acción de cesación son los organismos públicos encargados de la protección de la defensa de los intereses de los consumidores; y las organizaciones cuyo objetivo sea proteger los intereses de los consumidores y usuarios.

En España podrán iniciar un procedimiento de acción de cesación: cualquier persona que tenga un derecho o interés legítimo; El Instituto Nacional de Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores; el Ministerio Fiscal, las asociaciones de consumidores y usuarios y las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea.

Por último, la Unión Europea prevé la posibilidad que las entidades de defensa de los intereses de los consumidores puedan iniciar acciones transfronterizas. Estas acciones intracomunitarias tienen por objeto evitar que las empresas de un Estado miembro perjudiquen impunemente los intereses de los consumidores de otro Estado.