Liberalización

Sin embargo, los sectores vinculados con servicios de interés general están sufriendo notables cambios en los últimos años. Éstos son consecuencia del nuevo panorama económico que se ha configurado a raíz del desarrollo tecnológico, la globalización y la liberalización de los mercados. Las empresas estatales o controladas por los gobiernos han sido progresivamente privatizadas, mientras que nuevas empresas irrumpen en el mercado generando la necesidad de crear legislación específica en cada sector. Esto ha favorecido lógicamente la competencia, sin embargo, a la práctica, la existencia de determinados monopolios naturales dificulta enormemente la total apertura de los mercados. Las contadas empresas que centralizan el suministro y distribución de determinados recursos e infraestructuras (carreteras, líneas de ferrocarril, redes eléctricas, etc.) provocan que este proceso sea más lento de lo deseado. El desafío supone limitar de la forma más efectiva posible estos monopolios naturales y, a pesar de las circunstancias, permitir que las nuevas empresas puedan operar en todos los sectores, beneficiando así al conjunto de los consumidores. En este sentido, la Comisión Europea piensa que, ahora que la titularidad de las infraestructuras puede diferenciarse de la prestación de los propios servicios, nos hallamos más cerca de alcanzar las condiciones óptimas para consolidar un mercado de libre competencia.

Muchos de los servicios de interés general contienen elementos propios de los monopolios naturales. Si no existe una legislación específica sobre el tema, o si la existente no es desarrollada, los propietarios de dichos monopolios no reciben el incentivo necesario para mantener abierto el acceso a sus infraestructuras y garantizar una interconexión en términos justos. Esto puede traducirse también en una ausencia de competencia debido a la colusión entre operadores del marcado. Evidentemente, el resultado implica efectos negativos en el acceso, los precios y la calidad de estos servicios.

Aunque existen sectores donde es más fácil introducir la competencia, ello no asegura que los consumidores vayan a recibir realmente los beneficios positivos que debería conllevar la liberalización, como por ejemplo una reducción de las tarifas. Esto sucede, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, donde la reducción del precio de las llamadas internacionales no ha beneficiado a muchos consumidores locales, porque los precios y cargos de las llamadas locales no se han visto afectados por dichas reducciones.

De la misma forma, un incremento en la oferta no implica automáticamente un gran número de servicios para los consumidores. Ello puede deberse a la naturaleza de los propios servicios ofrecidos o a acuerdos establecidos entre compañías con el fin de obstaculizar la competencia y generar un perjuicio en el consumidor.

La liberalización de un mercado se basa en una estrecha relación entre precios y costes. Esto dificulta las subvenciones y las ayudas; por un parte, determinados consumidores pueden beneficiarse de los precios bajos, pero, por otra, pueden existir grupos más desfavorecidos que resulten perjudicados por la exclusión y los precios elevados. Para evitar todo esto, la Comisión Europea adoptó la Decisión 2005/842/CE que regula la aplicación de las medidas estatales de ayuda a determinadas empresas que gestionan servicios de interés público.

Sin embargo, la cuestión realmente importante es si el propio mercado puede resolver o no por si mismo estos problemas de exclusión. Existe un cierto temor a que no todos los servicios sean ofrecidos a los consumidores a precios asequibles. En particular, algunos consumidores en situaciones económicas delicadas o que viven en áreas donde la inversión en infraestructuras es más costosa no pueden permitirse acceder a determinados servicios debido a su elevado precio. Igualmente, ciertos grupos de consumidores considerados poco rentables no reciben el beneficio de las tarifas bajas sin obligaciones extras.

Algunos servicios esenciales no son económicamente viables y, en ausencia de intervención estatal, no serían suministrados por el mercado a todos los consumidores. Frente a situaciones de esta índole, sólo puede hacerse dos cosas: permitir la inexistencia de determinados servicios o practicar intervenciones de la Administración. Por ejemplo, la liberalización del transporte puede implicar que los suministradores eliminen líneas poco usadas o que transcurren por zonas con poca demanda. Para evitar esto es necesaria la intervención de los gobiernos, garantizando determinadas prestaciones. Esa es la razón por al cual se instauró en la UE el término “servicio universal”.